La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ha salido al paso de las declaraciones realizadas desde la Administración General del Estado en relación con el cierre de sus oficinas en Algeciras y ha dejado claro que “no se puede responsabilizar al Ayuntamiento del estado de un edificio que fue cedido por el Ayuntamiento en 2001 y aceptado por la Dirección General del Patrimonio del Estado en 2005 y que, durante estos años, no ha recibido por parte de sus responsables el mantenimiento necesario, hasta llegar a la situación actual, que cualquier ciudadano podía comprobar haciendo uso de las instalaciones, así como los propios trabajadores”.
Rodríguez ha señalado que “la falta de mantenimiento de este inmueble, como ya hemos señalado, viene de años atrás y corresponde a sus responsables garantizar que las instalaciones se encuentren en las condiciones adecuadas para prestar servicio a los trabajadores y a los ciudadanos”, por lo que ha rechazado cualquier intento de trasladar al Ayuntamiento la responsabilidad sobre la situación del edificio.
La responsable municipal de Urbanismo ha recordado además que el Ayuntamiento sí está trabajando en las instalaciones del Museo Municipal, inmueble colindante con las oficinas de la AGE, con el objetivo de reparar los problemas que presenta y mejorar sus condiciones. “El Ayuntamiento está haciendo su trabajo en el Museo y no puede hacerse responsable de las deficiencias acumuladas durante años en un edificio cedido a la Administración del Estado”, ha subrayado.
Por otro lado, Rodríguez ha reclamado al Gobierno de España que, ante el traslado de los trabajadores de la AGE, se tenga en cuenta también el impacto que esta decisión puede tener sobre el entorno y, especialmente, sobre el barrio de La Caridad.
En este sentido, ha pedido que “la nueva ubicación de estas oficinas se mantenga en el barrio de La Caridad”, al considerar que la presencia de estos servicios públicos contribuye a mantener la actividad y la vida de una zona que necesita precisamente la implantación de servicios, instituciones y actividad económica.
“Entendemos que si las actuales instalaciones no reúnen las condiciones de seguridad necesarias, la Administración responsable deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la atención a los ciudadanos y, al mismo tiempo, debe contribuir a mantener viva la actividad del barrio de La Caridad”, ha concluido Rodríguez.
