Indignación en el Ayuntamiento de Tarifa tras conocerse que el Gobierno central no contempla el desdoblamiento de la N-340. La negativa de la administración estatal, justificada en el impacto ambiental sobre los parques naturales del entorno, ha sido recibida por el alcalde, José Antonio Santos, como un «jarro de agua fría» para el municipio y el conjunto de la comarca.
Santos ha calificado la situación de «desesperante» y ha cuestionado que los condicionantes ambientales sirvan de freno definitivo a una infraestructura histórica. «Hay cosas que prevalecen sobre el parque y yo pienso que es la seguridad de las personas», ha afirmado, recordando que no la totalidad de los 70 kilómetros pendientes de desdoblar discurre por espacios protegidos. El máximo responsable ha denunciado además el firme antiguo y lleno de baches que presenta la calzada, así como la falta de una solución definitiva a los desperfectos del puerto del Cabrito.
Desde el Gobierno local advierten de que la carretera soporta una intensidad de circulación cada vez mayor, no solo por la afluencia turística en época estival y los accesos al puerto, sino por el elevado número de tarífenos que se desplazan diariamente a Algeciras por motivos laborales. Según expone el alcalde, las retenciones continuas obligan a los conductores a salir hasta dos horas antes de sus casas y retrasan su regreso, perjudicando de forma directa a las empresas y negocios locales que pelean por mantener su actividad durante todo el año.
Con el objetivo de articular una respuesta institucional firme, Santos ha iniciado contactos con los alcaldes de Barbate, Algeciras y Vejer para convocar una reunión de trabajo y una comparecencia pública conjunta. Los mandatarios pretenden exigir al Ejecutivo una rectificación y la puesta en marcha de soluciones viables.
Paralelamente, atendiendo a las demandas de vecinos y colectivos empresariales, el alcalde ha avanzado que no descarta promover movilizaciones directas en la propia vía. Entre las medidas planteadas, Santos contempla la organización de cortes temporales de tráfico de unos 30 minutos a la semana como vía de presión para reclamar una carretera digna.
